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El programa de seguridad social no cumplió cabalmente la meta de beneficiar a los más pobres. Compraron medicamentos sobrevaluados en más de 37 MDP.

En 2009, el OPD Salud de Tlaxcala adquirió medicamentos a precios superiores a los determinados por la Secretaria de Salud (SSA), lo que originó un pago en exceso por más de 37.8 millones de pesos (MDP).

Además, compró un medicamento -con clave 2431- sin estar considerado en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes), cuyo costo fue de más de 16 mil pesos.

Así lo identificó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al revisar el destino de los recursos federales transferidos en 2009 a Tlaxcala, a través del acuerdo de coordinación celebrado entre la SSA y el Gobierno del Estado, para garantizar la efectiva prestación de servicios médicos a los beneficiarios del Seguro Popular.

Según la auditoría financiera 09-A-29000-02-0683, contenida en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, durante el primer año de gestiones del entonces secretario de Salud, Constantino Quiroz Pérez, se afectó la calidad, atención y cuidado óptimo hacia los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) del estado, debido a que el recurso transferido para tal propósito no se erogó en los rubros establecidos.

Además, se detectaron subejercicios, anomalías presupuestales, pagos irregulares a personal y la ausencia de documentación comprobatoria y justificativa sobre la aplicación de los recursos del Seguro Popular.

En este contexto, el órgano fiscalizador encontró que, durante el ejercicio fiscal 2009, la Federación transfirió a la Secretaría de Finanzas (SF) recursos por un total de 531.090 MDP por concepto de Cuota Social (CS) y Aportación Solidaria Federal (Asofe), los cuales generaron rendimientos financieros por más de 665 mil pesos, de los que, a mayo de 2010, sólo se habían transferido cerca 658 mil pesos a la cuenta bancaria del OPD Salud de Tlaxcala.

Lo anterior, puso al descubierto la falta de mecanismos de control y supervisión para que se transfieran oportunamente a las dependencias ejecutoras los recursos correspondientes de la CS y la Asofe 2009.

En este contexto, la ASF detectó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 67.3 MDP, de los cuales más de 43 MDP corresponden a la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, y casi 24.3 MDP por haber ejercido recursos de la CS y la Asofe de 2009 para el pago de SAR-FOVISSSTE -12.19 MDP-, Seguros Institucionales -1.51 MDP- y Medidas de Fin de Año para el personal -10.55-, sin que se contara con sustento normativo que autorizara su pago con recursos del SPSS.

Asimismo, halló que, al 31 de marzo de 2010, Salud de Tlaxcala sólo había aplicado 4.8 MDP del SPSS para “Acciones de promoción y prevención de la salud”, es decir 19.1% menos que lo autorizado para este rubro.

Incluso, destinó 10.93 MDP para el concepto de “Conservación y Mantenimiento de las Unidades Medicas”, cuando únicamente tenía autorizado ejercer 9.48 MDP, y efectuó mantenimientos mayores de los 210 mil pesos que establece la norma sin proporcionar evidencia documental que acredite la validación por parte de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS).

De acuerdo con la ASF, el OPD sólo había ejercido 43.2% de los recursos de la CS y la Asofe de 2009 al cierre del primer trimestre de 2010, y el resultado de este subejercicio se reflejó en la desatención de los porcentajes establecidos en la normatividad aplicable para cada rubro del SPSS.

Es el caso del concepto para apoyo administrativo y gastos de operación, donde se ejerció el 4.9% del 6.0% de los recursos autorizados, con lo cual se concluye que “el objetivo y destino de este recurso no se cumplió en su totalidad”.

Además, el estado no proporcionó evidencia documental de haber remitido a la CNPSS los informes de los cuatro informes trimestrales sobre los indicadores de monitoreo y evaluación del Seguro Popular, por lo que se solicitó a la Secretaría de la Función Pública estatal (SFPE) realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servicios públicos que, en su gestión, incurrieron en tales anomalías.

Al final, el dictamen negativo de la ASF estableció 14 observaciones, de las cuales siete fueron solventadas. El resto generó una recomendación, dos pliegos de recomendaciones y cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Es preciso mencionar que, durante la gestión de Constantino Quiroz al frente del OPD Salud de Tlaxcala, su hermana, Esperanza Quiroz Pérez, fungía como titular de la Dirección Estatal del Régimen de Protección Social en Salud.

En 2009, un grupo de trabajadores bajos sus órdenes se inconformó por la inclusión de parientes suyos en la nómina del Seguro Popular.

Información ventilada por medios electrónicos evidenció que su nuera, tres sobrinos y cónyuges de estos laboraban bajo sus órdenes, así como un cuñado. Y pese a ello, la cuenta pública de Salud fue avalada por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

En noviembre de 2010, 25 equipos de cómputo con información de los tlaxcaltecas registrados en el Régimen Estatal de Protección Social en Salud fueron sustraídas de las oficinas centrales del Seguro Popular, sin que las investigaciones permitieran el esclarecimiento de tal ilícito.