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A escasos días de que la ciudadanía acuda a las urnas para elegir al próximo Presidente de México, han surgido expresiones que aseguran que si Andrés Manuel López Obrador pierde le habrán robado dos veces su triunfo electoral.

Tal afirmación, tan desafortunada como inducida, no permite sino pensar en el riesgo de una crisis postelectoral, similar a la de 2006, aunque de dimensiones muy distintas.

Hace seis años, encuestas como la de Mitofsky daban una ventaja de tres puntos a Andrés Manuel sobre el panista Felipe Calderón Hinojosa, 15 días previos a la jornada electoral. Ahora, el priista Enrique Peña Nieto le saca una diferencia de 15 puntos, según el saldo promedio de las principales mediciones, lo que supone condiciones irremontables para el resto de los contendientes en la justa electoral.

Pero en las últimas semanas, el abanderado presidencial de la coalición “Movimiento Progresista” no sólo se ha asumido como víctima de guerra sucia, sino que ha acusado la posibilidad de que comentan fraude en su contra. En paralelo, ha sostenido que las encuestas -sus encuestas- le favorecen, por lo que se ha negado a reconocer la ventaja que sobre él mantiene el ex gobernador del Estado de México.
Lo anterior no es fortuito de modo alguno; implica una maniobra política ideada para justificar el conflicto postelectoral y garantizar su supervivencia política después del 1 de julio.

Entre las izquierdas, la derrota de López Obrador sería argumento suficiente para confirmar trampa electoral. No sería extraño que el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal salga la noche del próximo domingo, ante sus seguidores, como un vencedor despojado, ni tampoco que los aliente a desconocer la elección.
Sin embargo, este probable escenario se tornaría peligroso para la paz social del país, más aún si logra capitalizar el ala radical de movimientos como el juvenil #yosoy132.
La opinión de los expertos sobre un eventual triunfo de Andrés Manuel desalienta las posibilidades de avance democrático en México, ante el arribo de una izquierda populista y autoritaria, más cercana a los populismos chavistas de América Latina, que a la corriente social-demócrata que ha logrado cambios importantes a favor de las naciones que lo han experimentado.

De algún modo, tales riesgos se han diluido en nuestro país, donde la izquierda, abanderada por el PRD, ha perdido, en los últimos años, estados como Michoacán, Zacatecas y Baja California, reduciendo su influencia al Distrito Federal, bastión que ha cultivado la popularidad de López Obrador al grado de representar 40 por ciento de posible su votación efectiva.

La falta de operatividad y de visión nacional de la izquierda favoreció el achicamiento de su capital político, al grado de contraer su crecimiento en el país, lo cual, sin duda, es indicio del estancamiento que viviría México en caso de recibir en la presidencia al polémico tabasqueño. Empero, este supuesto es prácticamente imposible, ya que la diferencia entre su popularidad y la de Peña Nieto es tan amplia que le resta credibilidad a sus argumentos triunfalistas.
Lamentablemente, todo parece indicar que se fragua un conflicto postelectoral de dimensiones reservadas, porque en la lógica de López Obrador, este brete es necesario para seguir vivo en la política mexicana, tal y como sucedió en 2006, cuando el mito del fraude le permitió regresar a la contienda presidencial.
Pero en estos momentos, la sola idea del fraude resulta fantasiosa, porque las instituciones electorales se han fortalecido para que ello no suceda. No obstante, hay un personaje que parece no estar dispuesto a perder.